Un fallo

"Hay una dicotomía: es un fallo progresista en un Estado abandónico de las políticas sociales", aseveró Rubén González, presidente de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales de la Argentina para la Prevención y el Tratamiento del Abuso de Drogas (Fonga). "Queremos encuadrar la drogodependencia estrictamente en la salud, pero aquí no existe una política de prevención y asistencia para los adictos", evaluó el especialista.

"Para nosotros cualquier retroceso del derecho penal en relación con los consumidores en bienvenido porque creemos que se deberían adoptar otro tipo de medidas sociales, en lugar de descansar en lo penal", coincidió el abogado penal Alejandro Corda, miembro del equipo de investigacion del centro de rehabilitación Intercambios Asociacion Civil.

"En aquellos que tienen un problema de adicción, una causa penal complica la resolución desde lo terapéutico. Posiciona al adicto un poco como enfermo y un poco delincuente, y ubicarlo en este binomio agrava su situación. Para el consumidor ocasional, el hecho de cruzarse con un proceso penal le genera un problema que no tenía", explicó el penalista.

Alicia Dongi, miembro del centro Aabra y directora del programa de adicciones de la Facultad de Psicología de la UBA, dijo a lanacion.com: "Este fallo apunta a aflojar algo que quedó muy marcado en nuestra sociedad. Creer que el consumidor es un adicto y que un adicto es un delincuente que puede ser peligroso para terceros. La penalización castiga al eslabón más frágil de la cadena de la droga".

Un problema complejo. Todos los especialistas consultados hicieron hincapié en la necesidad de diferenciar los distintos estupefacientes, así como también las problemáticas que se vinculan a los consumos.

Dongi indicó que hay que considerar que "algunas sustancias tienen una mayor incidencia en las conductas risegosas, como la cocaína y el paco", aunque agregó que "el riesgo es que la flexibilixación se transforme en extremo, porque si bien la marihuana es una droga blanda, es nociva".

"Lo que hay que hacer es apuntalar las campañas de prevencion, que tienen que ser más persuasivas que represivas, para que los chicos sean dueños de su salud y conozcan las consecuencias", consideró la psicóloga.

En este punto coincidió el abogado, quien indicó: "Falta otro tipo de políticas, con distintas claves según el consumo que se trate. Hay que tomar distintas medidas: de prevención, educativas y efectuar las sanciones correspondientes en torno a la responsabilidad por los consumos personales".

Contra el narcotráfico. "La ley penal tiene que seguir estando con respecto al narcotráfico y en ese punto queda mucho por hacer. Falta coordinación incluso con otros países ya que están muy complejizadas las redes", evaluó Corda.

"En este momento, penalizado o no, el consumo de marihuana ya entró en el mundo de los jóvenes. Son tantas las causas judiciales por esto que no se apunta al problema central, que es el narcotráfico", sentenció Dongi.

Por su parte González manifestó: "La ley aún así como está no impide la persecución de los narcotraficantes. La persecución o no de narcotraficantes es una cuestión política, no jurídica" y concluyó que el asunto es más profundo y requiere un plan nacional por parte del Estado.








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