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Freno judicial a los decretazos de la déspota Cristina Kirchner
AUNQUE los argentinos dicen, con mucha retranca, que su país está permanentemente en crisis, lo cierto es que la tormenta política y judicial de las últimas horas ha hecho tambalearse a las instituciones del Estado. Sobre todo al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, quien ha encontrado la horma de su zapato en una jueza federal que el viernes no dudó en echar abajo los dos últimos decretos de la presidenta. El primero, encaminado a financiar deuda pública con 6.500 millones de dólares de reservas del Banco Central; y el segundo, firmado para destituir al presidente de esta entidad, Martín Redrado, por negarse a ejecutar su orden. El fallo de la magistrada deja claro que son decisiones arbitrarias y de abuso de poder, puesto que el Banco Central es un organismo independiente del Ejecutivo y sólo el Parlamento puede decidir sobre el uso de sus fondos. Redrado fue, por tanto, restituido a las 24 horas, provocando la cólera de Kirchner, que ayer se negó a acatar la decisión y dijo que todo es una «conspiración política y mediática».


"Freno judicial a los decretazos de la déspota Cristina Kirchner"

El problema de la independencia
El conflicto entre el banco central y el gobierno de Argentina pone de relieve algunos de los problemas clásicos ligados a la autonomía de los bancos centrales, complicado en este caso con algunas características peculiares del marco institucional argentino. Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial se encuentran en una encrucijada muy compleja, con el trasfondo de un cuarto poder, la autoridad monetaria, cuya independencia está en entredicho. Ahora bien, ¿en qué consiste la autonomía del banco central y cuáles son sus límites? ¿Cómo y ante quién debe rendir cuentas? El Banco Central Europeo, posiblemente el más independiente del mundo, contempla cuatro facetas en su independencia: funcional (objetivos claros y jerarquizados), institucional (ni la institución ni sus miembros pueden recibir instrucciones), personal (los gobernadores sólo pueden ser destituidos si "han dejado de cumplir las condiciones requeridas para el desempeño de sus funciones o han cometido falta grave") y financiera (debe disponer de suficientes recursos financieros para llevar a cabo su mandato).
El País,